Reportajes, València

‘Biblioteca bufa valenciana’: al descubierto la absurda y millonaria publicación de libros de la Administración

Publicado originalmente en Culturplaza.com

Generalitat Valenciana, Corts, sindicaturas, consellerias, Biblioteca Valenciana, fundaciones y museos. El aparataje administrativo valenciano generó la publicación de 375.000 libros cuyos costes son tan millonarios como desconocidos, en gran medida por la cantidad de entidades y años que comprende la generación de esta biblioteca del absurdo en la que hay, por ejemplo, 65.000 librillos de recetas en los que la ex consellera Mª Angels Ramón-Llin i Martínez les desea -en la primera página- «buen provecho».

La maquetación, edición e imprenta de una parte considerable de los mismos fue adjudicada de forma discriminada, sin someterse a concurso público, generando el citado gasto no detallado en conjunto que no ha sido detallado en la presentación de los datos de almacenaje por parte del director general de Relaciones con las Cortes, Antonio Torres, y el director general de Administración Local, Antoni Such.

El sinsentido de esta biblioteca recoge 2.100 títulos publicados a partir de una «política editorial errática y arbitraria», según han apuntado Torres y Such señalando al anterior Consell. Legislaciones y estatutos obsoletos (unos 10.000, ahora listos para su destrucción) o catálogos de arte, como los de Julio González, que rondan en el mercado los 260 euros, editados en un formato de lujo como policromía y a razón de 700 páginas por cada uno de sus tres volúmenes; se editaron cientos, se han vendido 10. Este caso ya contenía referencias en Las 62 barbaridades de Císcar en el IVAM que denuncia Intervención, que avanzó Valencia Plaza.

375.000 libros pagados por los valencianos y «pudriéndose» en 900 palés

La mayoría de estas publicaciones están «descatalogadas y que están pudriéndose en el almacén», datan «de hace treinta años, del principio de la autonomía», ha asegurado Torres. Los libros están almacenados en cajas y apilados en 900 palés en una nave situada en el polígono de Riba-roja, por la que la Generalitat paga desde hace dos años una mensualidad de 4.500 euros mensuales a la empresa privada Loginser, colaboradora de Correos, un contrato que finaliza en mayo de 2016.

Entre los 2.100 títulos almacenados destacan las publicaciones del Institut Valencià d’Art Modern. Los catálogos de arte, publicados con las condiciones citadas en el caso de Julio González, se editaban por miles sin atender al menor criterio de objetivos de distribución o venta. Buen ejemplo de ello son los Quaderns del IVAM, 20 títulos de los que se publicaban una media de 45.000 ejemplares por cada uno de ellos, con un coste en torno a los 100.000 euros por título.

La red de bibliotecas municipales asumirá una parte del catálogo

Aunque los responsables han reconocido que no descartan ninguna solución a medio y a largo plazo, por el momento es la red de bibliotecas municipales la que asumirá una parte de ese catálogo. En lotes de 60 libros, valorados en 1.300 euros por lote, ya son 244 las peticiones que han recibido por parte de los 542 municipios con este tipo de dotación en la Comunitat Valenciana. 

Esta solución dará salida, teniendo en cuenta que algunos municipios ya tienen más de una biblioteca, a unos 18.000 ejemplares. Such ha asegurado que en el primer trimestre de 2016 se buscarán «más soluciones. Lo importante ahora era poner en circulación estos libros, que debe ser el principal objeto de su publicación; que sean útiles para la gente».

De hecho, la Comisión Técnica de Publicaciones, que se reunirá en breve, revisará los objetivos de maquetación. «Para empezar, utilizaremos los servicios de maquetadores y de edición, sin tener que contar con empresas externas para este propósito», ha añadido Such. Preguntados en torno a si esa misma Comisión había presentado algún tipo de queja o alarma a lo largo de los años en los que se ha producido una cantidad de libros similar a la que dejó Ptolomeo II en la Biblioteca de Alejandría, los representantes han asegurado que sus avisos no alcanzaban a las decisiones de publicación que pudieran provenir de sindacturas, fundaciones, museos y entidades independientes.

Torres (i) y Such (d) ofrecen los datos y valoraciones ante los medios de comunicación

Además, se han comprometido a que la realidad editorial digital pesará a la hora de reconsiderar esos objetivos y el marco legal de publicaciones institucionales. También se distribuirán algunos de los libros almacenados en las librerías Llig de la Generalitat ubicadas en Castellón, Valencia y Alicante y en su servicio online.

Torres ha avanzado que se «cambiará totalmente» la política de publicaciones y ediciones de la Generalitat, que estará fundamentada en criterios estrictamente técnicos y con temas que interesen a la ciudadanía y, para ello, se activará la comisión técnica, compuesta por «todos los que tienen algo que ver con las publicaciones».

Adjudicaciones millonarias sin concurso público

Torres ha dicho que puede haber irregularidades, ya que muchas de las obras almacenadas fueron adjudicadas sin someterse a concurso público y editadas fuera de la Comunitat Valenciana. «Hemos visto que no ha habido una política clara en relación con las publicaciones de la Generalitat«, ha afirmado el responsable socialista, quien considera que se ha producido una política «completamente arbitraria y cualquier conselleria u organismo público ha hecho la publicación que ha querido, sin tener en cuenta ningún tipo de criterios técnicos».

A su juicio, «lo peor es que se han publicado libros para llevarlos directamente de la imprenta al almacén y durante años ahí se han quedado sin que sirvan» y, en muchos de ellos «se ve que el libro está directamente relacionado con la firma de la introducción. Expresidentes, exconsellers o ex altos cargos, todos quieren que su nombre aparezca y ya han cumplido el objetivo».

Más ejemplos de la absurda librería

En el almacén también han sido encontrados más de 50.000 ejemplares de unos cuadernos de buenas prácticas para el metal o el juguete, 5.700 ejemplares de un libro sobre la película «Bienvenido Mister Marshall», 7.500 ejemplares del «ya obsoleto» Estatuto básico del empleo público o más de 12.000 mapas de infraestructuras -obsoletos en cierta medida- de transportes de la Comunitat.